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Acaba de publicarse una interesante Sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 10 de noviembre de 2011 (JAN 0423-11), en la que se analizan las consecuencias derivadas en el ámbito sancionador del incumplimiento de los plazos establecidos para el suministro de información tributaria requerida a un contribuyente del Impuesto sobre Sociedades.
Con fecha de 8 de diciembre de 2011 el Tribunal de Justicia ha sentenciado sobre una cuestión prejudicial planteada por nuestro Tribunal Supremo. Debía el alto tribunal resolver el recurso de casación interpuesto por el BBVA con la pretensión de que de la cuota íntegra por el Impuesto sobre Sociedades se dedujera el importe de la retención devengada sobre unos intereses percibidos de una entidad residente en Bélgica, pero no satisfecha por razón de mediar una exención de acuerdo con la legislación belga.
Con fecha 10 de noviembre de 2011, el Tribunal de Justicia ha pronunciado la sentencia Foggia (C-126/10). Esta sentencia es muy relevante, por cuanto aborda un supuesto relativamente común, a saber, el de la absorción de sociedades inactivas con pérdidas fiscales cuya compensación pretende la entidad adquirente. La autoridad fiscal portuguesa aplicó la clausula anti abuso interna, cuya redacción era transcripción del artículo 11 de la Directiva 90/434, por entender que la operación de fusión carecía de motivos económicos válidos.
El Tribunal Supremo ha vuelto a poner el dedo en la llaga en el ámbito sancionador tributario, al declarar en su reciente Sentencia de 22 de septiembre de 2011 (STS 5949/2011) la nulidad de las sanciones tributarias insuficientemente motivadas.
El asunto objeto de examen por parte del alto Tribunal se refiere a un Recurso de Casación interpuesto por la Abogacía del Estado contra una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que declaraba la nulidad del acuerdo de imposición de sanción por la comisión de una infracción tributaria dictado en su día por la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Las Palmas, en relación con la determinación o acreditación improcedente de partidas a compensar o deducir en la cuota de declaraciones futuras del Impuesto sobre Sociedades.
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En los tiempos que corren es relativamente frecuente encontrarse con supuestos en los que los contribuyentes utilizan la declaración extemporánea de cuotas tributarias (de IVA especialmente) como una forma de obtener “financiación” o, al menos, de diferir el pago de impuestos y aplicar esta tesorería a otras necesidades urgentes de sus negocios.
Evidentemente, se trata de una mala práctica que en ocasiones se quiere justificar por el hecho que los bancos no prestan el apoyo financiero de antaño o porque los clientes se retrasan de manera generalizada en los pagos comprometidos.
Con fecha 13 de enero pasado el Tribunal Supremo dictó sentencia en el recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado contra Auto de la Audiencia Nacional de fecha 9 de diciembre de 2009, auto en el que se acordaba, estimando un recurso de súplica contra auto denegatorio previo de 29 de septiembre de 2009, la suspensión de la ejecutividad de un requerimiento de información realizado por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a determinado obligado tributario para obtener determinada información de terceros (Fuente Sentencia: Id. Cendoj 28079130022011100019).
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En los últimos años se ha venido consolidando una interesante Jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con supuestos cuyo denominador común se refiere a la existencia de actas incoadas por defectos de retención sobre rendimientos del trabajo detectados por la Inspección de los Tributos.
En términos generales, dicha Jurisprudencia -por todas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2010 (JT 2010/1098)- considera que en estos supuestos la reclamación que realiza la Inspección al retenedor respecto del diferencial entre la cantidad que debió retenerse y la cantidad efectivamente retenida puede suponer un enriquecimiento injusto a favor de la Administración, en la medida en que los trabajadores a quienes se practicaron dichas retenciones hayan declarado efectivamente sus retribuciones (como impuesto final) en sus respectivas declaraciones del IRPF.
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Uno de los supuestos en los que el relevante tema de la prescripción tributaria se ha mostrado como especialmente problemático es el de los procedimientos inspectores de carácter parcial, en el que centraré mi atención.
El pasado día 24 de noviembre fue dictada por la Sala de Unificación de Doctrina del Tribunal Económico Administrativo Central resolución en relación con el recurso planteado por el Director General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda contra el fallo del Pleno del TEAC de 29 de junio de 2010, relativo esencialmente a la cuestión de la extensión temporal de las liquidaciones a practicar por la Administración en sus procedimientos de comprobación o investigación por concepto IVA.
La discusión tenía su origen, en definitiva, en la determinación de la legalidad de practicar liquidaciones anuales en lugar de liquidaciones mensuales o trimestrales.
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La Sentencia de 6-10-2005 del TJUE declaró contrarios a la Sexta Directiva los artículos 102 y 104 de la Ley del IVA en cuanto consideraban sometidos a prorrata a los sujetos pasivos por el mero hecho de percibir subvenciones.
La DGT –Resolución 2/2005, 14-11-2005- consideró que esta Sentencia no podía afectar a situaciones en las que las liquidaciones basadas en estos preceptos hubiesen alcanzado firmeza.
Anteriormente, en liquidaciones giradas en aplicación de normas tributarias declaradas inconstitucionales, el Tribunal Supremo, declaró la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Así, con motivo de la anulación por el Tribunal Constitucional del gravamen complementario sobre máquinas tragaperras, se condenó al Estado a satisfacer en concepto de indemnización lo cobrado en virtud de la norma anulada respecto de liquidaciones que hubiesen adquirido firmeza. (Véase por todas la Sentencia 29-2-2000 rec. num 49/1998).
