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Acaba de publicarse una interesante Sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 10 de noviembre de 2011 (JAN 0423-11), en la que se analizan las consecuencias derivadas en el ámbito sancionador del incumplimiento de los plazos establecidos para el suministro de información tributaria requerida a un contribuyente del Impuesto sobre Sociedades.
Con fecha 10 de noviembre de 2011, el Tribunal de Justicia ha pronunciado la sentencia Foggia (C-126/10). Esta sentencia es muy relevante, por cuanto aborda un supuesto relativamente común, a saber, el de la absorción de sociedades inactivas con pérdidas fiscales cuya compensación pretende la entidad adquirente. La autoridad fiscal portuguesa aplicó la clausula anti abuso interna, cuya redacción era transcripción del artículo 11 de la Directiva 90/434, por entender que la operación de fusión carecía de motivos económicos válidos.
La Disposición Final Sexta de la Ley 31/2011, de 4 de octubre, ha dado nueva redacción al apartado 5 del artículo 12 del TRLIS, regulador de la deducción en base imponible imputable al denominado fondo de comercio financiero. Consiste dicha deducción, como es sabido, en una partida anual fiscalmente deducible anual por un importe igual a la vigésima parte del importe del fondo de comercio implícito en el precio de adquisición de la participación.
CRISIS PROLONGADA, SOLIDARIDAD REFORZADA, es el título del reciente DOCUMENTO PUBLICADO POR EL APOSTOLADO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN ESPAÑA, que contiene reflexiones y propuestas para una revisión de las políticas sociales actuales, ante las elecciones del 20 de noviembre.
La formulación de propuestas coherentes para el desarrollo de futuras políticas sociales y fiscales es un indicador de reactivación de la sociedad civil. En este caso desde la acción social y la experiencia, es la Compañía de Jesús, quien aporta a la sociedad un diagnóstico y un posicionamiento que invita a la reflexión y el debate.
Las siete propuestas básicas que contiene el documento se enmarcan en cuatro áreas: lucha contra la exclusión social, especialmente jóvenes y menores, inmigración, cooperación internacional y fiscalidad.
Que las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (Pymes) constituyen hoy día el motor de la economía europea nadie lo discute, y a pesar incluso de las circunstancias actuales. MicroPymes y Pymes constituyen una fuente fundamental de generación de puestos de trabajo y de espíritu empresarial e innovación en la Unión Europea, por ello, son vitales para promover la competitividad y el empleo.
Bajo el título precedente, el 12 de mayo del corriente se celebró en la Universidad Pontificia Comillas el XI Encuentro Tributario, organizado por la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado y la referida Universidad. Entre los ponentes se contaban profesores universitarios, profesionales del asesoramiento fiscal e inspectores tributarios. Los puntos de vista de los distintos ponentes se centraron, básicamente, en los aspectos recaudatorios, la relación entre resultado contable y base imponible, la deducción de gastos financieros, el proyecto de la Unión Europea relativo a la base imponible común consolidada, y la incidencia del denominado soft law.
En su última visita a Madrid, la canciller Merkel opinó que era deseable la armonización de la tributación sobre los beneficios de las empresas. En recientes declaraciones a la prensa económica (El Economista, 9 de marzo) el comisario Semeta ha anunciado que el 16 del corriente mes de marzo presentará una iniciativa relativa a una propuesta de directiva del Consejo para armonizar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.
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Uno de los supuestos en los que el relevante tema de la prescripción tributaria se ha mostrado como especialmente problemático es el de los procedimientos inspectores de carácter parcial, en el que centraré mi atención.
En el pasado mes de noviembre la Comisión interpuso recurso ante el Tribunal de Justicia por entender que las normas del Impuesto sobre Sociedades relativas a la tributación de las plusvalías latentes por causa de traslado de domicilio (Art. 17.1.a TRIS) o de la transferencia de activos afectos a un establecimiento permanente (Art. 17.1.b TRIS) a otro Estado miembro infringen la libertad de establecimiento (C-2007/2382).
El Tribunal de Justicia ha tratado el asunto de la denominada exit taxation en las sentencias Lasteyrie du Saillant (C-9/02) y N (C-470/04). A la vista de ambas la Comisión, mediante comunicación al Consejo y al Parlamento ( COM (2006) 825 final), ha entendido que gravar a los residentes en función del criterio de la realización y a los residentes que trasladan su domicilio en función del criterio de acumulación constituye un obstáculo para la libertad de movimientos.
¿Cuál puede ser la defensa española?
Mediante dictamen motivado (2008/4083) la Comisión ha entendido que el canje de valores, tal y como actualmente está regulado en los artículos 83.5 y 87 del TRIS, infringe la Directiva 90/434 y las libertades de establecimiento y de circulación de capitales, ya que cuando la entidad beneficiaria de la aportación de valores es residente en España se aplica el régimen de diferimiento cualquiera que sea la residencia de los socios aportantes, en tanto que si la entidad beneficiaria no es residente en España el diferimiento está supeditado a que la mayoría de los socios aportantes sean residentes en territorio español o en el de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea (IP/09/1019).
