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A) Nota previa.
Sin ningún género de dudas, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE/OECD, según utilicemos como acrónimo la versión francesa o inglesa de la denominación de esta institución) constituye la entidad más relevante en materia de Derecho Internacional Tributario y en asuntos de Política Fiscal.
Con fecha 6 de abril del corriente año la presidencia húngara del Consejo ha enviado una carta a las autoridades fiscales de los Estados Unidos cuyo objeto es entablar un diálogo para definir los mejores métodos para dar cumplimiento a las previsiones de la US Foreign Account Tax compliance Act (Facta). Se trata de un paso adicional respecto de la legislación concerniente a los Qualified Intermediaries (bancos extranjeros que operan en EEUU y se comprometen con el Internal Revenue Service a facilitar información sobre los clientes con residencia o nacionalidad norteamericana).
El pasado 7 de diciembre el Consejo de la Unión Europea llegó a un acuerdo político sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad.
En el Diario Oficial de la Unión Europea del día 11 de marzo de 2011 ha sido publicado el texto de la DIRECTIVA 2011/16/UE DEL CONSEJO de 15 de febrero de 2011 relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE.
Este artículo continua del anterior.
B) Las limitaciones de la armonización fiscal de la U.E.
Podíamos empezar nuestros comentarios sobre la Política Fiscal europea o, más concretamente, sobre el modelo tributario europeo con una visión desencantada y pesimista del proceso de armonización fiscal europeo.
Así, se puede llegar a exponer que seguimos, más de 50 años después de que los artículos 93 a 99 del Tratado de Roma sentarán las bases jurídicas de la misma, sin disponer de un auténtico sistema de IS europeo, de que, en el IVA, el denominado “régimen definitivo” duerme el sueño de los justos y de que, en el plano de la imposición sobre consumos específicos, la armonización es de mínimos, no existiendo prácticamente nada en otras áreas relevantes de la fiscalidad, por no hablar de la aplicación y gestión de los tributos.
El presente artículo, debido a su extensión lo muestro fraccionado en dos partes. La primera de carácter introductorio y la segunda versará sobre las limitaciones de la armonización fiscal de la U.E.
A) Introducción
La salida de la crisis económica, aún inestable y “jobless”, es decir, sin recuperación del empleo y, evidentemente, con varios países rezagados en la recuperación (cuyo ejemplo más notorio es España), está volviendo a relanzar en el mundo las ideas de Reforma Tributaria y propiciar nuevos planteamientos de Política Fiscal, una vez que se difunde la opinión de que, después de la actual crisis sistémica, el modelo de intervención del sector público en la Economía será diferente.
Con fecha 28 de enero de 2011 la Comisión de la Unión Europea emitió un documento de consulta relativo a la tributación de los dividendos distribuidos por entidades residentes en algún Estado miembro de la Unión Europea a favor de inversores individuales o colectivos residentes en otros Estados miembros (en adelante dividendos intracomunitarios), cuyo objetivo es definir un sistema que garantice que dichos dividendos no tributen de manera menos favorable que los puramente internos y que elimine la doble imposición derivada de las retenciones en la fuente (withholding) que los mismos puedan sufrir.
1. EL CONTEXTO [1]
Tal y como la doctrina no se cansa de reiterar, existe una contradicción creciente entre el fenómeno de la globalización económica y social, donde las bases imponibles se mueven libremente cruzando las fronteras nacionales sin control y la superposición de soberanías nacionales, limitadas a los bordes, cuyas Administraciones Tributarias (en adelante, AATT) ven restringidas sus competencias por su incapacidad para ejercer cualquier autoridad y recaudar gravámenes más allá de las citadas fronteras[1].
El pasado mes de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (diario del día 31 de marzo), la DIRECTIVA 2010/24/UE DEL CONSEJO de 16 de marzo de 2010 sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas.
Esta Directiva viene a continuar la línea en su día sentada por la Directiva 76/308/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1976, referente a la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos resultantes de operaciones que formen parte del sistema de financiación del FEOGA así como de las exacciones reguladoras agrícolas y de los derechos de aduana, que por primera vez estableció mecanismos de asistencia mutua en materia de cobro.
En la reunión presupuestaria de 7 de junio de 2010, el gobierno alemán decidió introducir en su sistema tributario un gravamen sobre el tráfico aéreo. Esta nueva figura tributaria extenderá el ámbito de aplicación de la tributación sobre el transporte, incluyendo la navegación aérea internacional. El objetivo de este nuevo impuesto es crear incentivos para un comportamiento más respetuoso con el medioambiente.
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El pasado 27 de mayo el Comité de representantes permanentes de la Unión Europea aprobó un proyecto concerniente a las normas sobre transparencia fiscal internacional y subcapitalización, finalmente elevado a la categoría de resolución del Consejo, formación Ecofin, celebrado el 8 de junio.
En materia de subcapitalización, la resolución expresa su convencimiento de que las normas fieles al principio de libre concurrencia son capaces para frustrar las transferencias artificiosas de beneficios y al tiempo distribuir equitativamente los ingresos entre las jurisdicciones fiscales afectadas. La resolución propone tres indicadores de la existencia de una situación de subcapitalización:
